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La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz nació denunciando el abuso policial y la impunidad y 10 años más tarde, los propios familiares de víctimas nos pidieron que nos dedicáramos a la educación de funcionarios para prevenir el atropello y la arbitrariedad de los cuerpos de seguridad y así empezamos los talleres en derechos humanos con oficiales de policías pero después de algún tiempo escuchando las historias de estos, nos dimos cuenta que el problema era mucho más complejo.
Nuestra idea inicial, después de la Asamblea Nacional Constituyente, era incidir en la ley de policía nacional de modo tal que se incorporaran principios básicos de actuación para todos los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. El propósito era crear un marco legislativo que le pusiera límites a la actuación policial y evitar que los funcionarios y funcionarias salieran a la calle con un cheque en blanco; sin embargo, los oficiales que veníamos formando nos pidieron que fuéramos voceros de sus demandas silenciadas porque de no resolver la concepción y configuración del servicio de policía, los principios tampoco tendrían mucho asidero. Así fue que en el año 2000, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, introdujo en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley sobre el cuerpo uniformado de policía
nacional. Fue el primer anteproyecto de ley por iniciativa popular con más de 20 mil firmas recogidas en todo el territorio nacional. A partir de esa fecha no dejamos de decir nuestra palabra, incidir en los espacios permitidos, negociar con los actores y convencer a los diferentes técnicos que fueron pasando por la Comisión de Política Interior. No hubo semana, en estos 9 años, que no dedicáramos tiempo y empeño en alcanzar el propósito. Era una deuda con los funcionarios policiales y también con los familiares de las víctimas de abuso policial.
Cuando en el año 2006, el Ministro del Interior, Jesse Chacón, nos invitó a formar parte de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, no dudamos en hacerlo porque vimos que era la oportunidad no sólo de hacer un diagnóstico de la policía sino de consultar a todo el país el modelo policial más deseable y posible porque desde nuestra organización hemos entendido que no es éticamente correcto ni políticamente conveniente diseñar una política pública a espalda de las personas que se verán afectadas por la norma ni mucho menos a espaldas de quienes deben implementarla y, en ese sentido la consulta popular donde participaron más de 70 mil personas de los más diversos sectores de la vida nacional fue el punto de honor para la configuración de un nuevo modelo del servicio de policía.
El Decreto Presidencial con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional recoge, sin duda alguna, no sólo las aspiraciones del movimiento de derechos humanos con respecto a los principios básicos de actuación para todos los funcionarios y funcionarias de policía sino que organiza el servicio hasta ahora disperso, heterogéneo, discrecional que se fue configurando en los últimos 100 años. En ese sentido quiero honrar al pueblo de Venezuela por su participación, a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz por los años de persistencia ética y a todo el equipo de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y de su Secretaría Técnica por el empeño en recoger la palabra del pueblo venezolano. Tengo mis críticas a los últimos cambios incorporados al Decreto pero de eso hablaré en otra oportunidad, esta vez sólo quiero honrar y agradecer a toda la gente que participó en este diseño normativo.
Soraya El Achkar